¿Hacia la guerra civil?

Desgraciadamente, España se enfrenta a la mayor crisis nacional desde la Guerra Civil. No ha habido en los últimos cien años mayor peligro de disgregación nacional y de enfrentamiento entre los españoles que los acontecimientos que estamos viviendo estos días.

Estamos ante la mayor crisis nacional desde 1939

Ni siquiera los años posteriores a la muerte de Franco o el golpe de Estado de 1981 habían llevado a las calles y a la vida cotidiana de los españoles el clima de crispación nacional que hoy, desgraciadamente, vivimos. En aquellos tiempos, por supuesto, fuimos espectadores y partícipes de actos violentos y asesinatos políticos, pero la violencia era ejercida y sufrida directamente por una minoría de la población. Fuera la ETA, fueran facciones terroristas de extrema derecha, lo cierto es que sus actos violentos en ningún momento supusieron un peligro real de quiebra del sistema político ni de ruptura de la unidad nacional. Ni en sus mejores sueños tuvo la ETA  la capacidad de situar la independencia de Vasconia en la agenda política cotidiana. Eran, en el fondo, un grupo de rudimentarios asesinos sin otro horizonte que la violencia.  Incluso durante el golpe de estado de 1981, la violencia ejercida por algunos  sectores del Ejército duró horas escasas y no supuso quiebra alguna de los partidos democráticos. Nunca se produjo en los años anteriores una crisis de estado como la que ahora enfrentamos.

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Y esto debido a una razón esencial: durante la Transición, todos los partidos políticos nacionales apoyaban el régimen constitucional y los nacionalismos dominantes iniciaban su camino hacia la secesión de forma hipócrita, fingiéndose leales al Estado de derecho para ir despojando a España, uno por uno, de sus mecanismos estatales de igualdad democrática (educación, policía, sanidad, etc.). El extremismo nacionalista era marginal.

La crisis del modelo de 1978

Pero, por diferentes razones que ahora no analizaremos, hay cambios esenciales en la situación. Por un lado, los partidos nacionalistas catalanes se han radicalizado hasta adoptar ya posturas abiertamente independentistas y por el otro, el surgimiento del neocomunismo y su irrupción en el Congreso con un grupo de diputados muy numeroso ha conducido al sistema constitucional de 1978 al momento de mayor crisis de su historia. Los acontecimientos de Cataluña demuestran esta crisis y a la vez, la postura de los partidos neocomunista y separatistas ante los mismos suponen en la práctica la destrucción del consenso constitucional alcanzado con grandes esfuerzos para poder instaurar la democracia en nuestra nación.

España, como nunca desde los tiempos de la República, está dividida. Hay un porcentaje amplio de la población que apuesta  ya, sin ambages, por la ruptura del pacto social de 1978, aunque no pueda ofrecer un pacto nuevo con más apoyos que el vigente. La aceptación de unos valores comunes por parte de los españoles, encarnados en el voto masivo a la Constitución de 1978 ya no existe. Creo que hoy día, sería prácticamente imposible no ya votar una nueva constitución, sino ni siquiera redactarla. No habría consenso. Y eso quiere decir, digámoslo claro, que una parte de la sociedad se niega al consenso que es la asunción del pacto de mínimos más amplio posible. Hoy los mínimos de los neocomunistas pasan por establecer una república inspirada en los años treinta  y los de los separatistas por la posibilidad de independizarse. En esas bases, los mínimos pasan a ser máximos por lo que el consenso es, simplemente, imposible.

Es por ello también que las posturas equidistantes alumbradas desde el PSOE y sus altavoces mediáticos en las que se pide diálogo entre las partes (incluyendo ese movimiento supuestamente espontáneo de las camisetas blancas que surgió ayer) está condenado de salida al fracaso. No hay nada que negociar porque las posturas son absolutamente irreconciliables y no tendrán jamás acuerdo. Chamberlain tuvo que dar paso a Churchill tras intentar apaciguar a Hitler. No hay tercera vía y cuánto antes lo comprendan los socialistas y quienes les siguen, mejor para España y para los españoles.

La similitud de la situación actual con la de los años treinta.

Puestas así las cosas, resulta harto significativa la similitud de los acontecimientos que vivimos con la que se vivió en España a partir de 1930 y sobre todo, a partir de 1934-35. Explicaremos sencillamente esta idea. En 1930 las organizaciones republicanas, el PSOE y las organizaciones catalanistas sellaron el Pacto de San Sebastián, un pacto unitario para acabar con la monarquía e instaurar la república. Sus planes dieron fruto pocos meses después, en abril de 1931. El bloque actual es parecido: se ha producido una confluencia de intereses entre los separatistas catalanes y Podemos. Ambas fuerzas quieren acabar con el sistema. Dos fuerzas inicialmente enfrentadas por ser de izquierdas y de derechas, abandonaban sus diferencias para unirse contra la monarquía. Eso mismo ocurre ahora.

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Otra similitud de la situación actual con la de los años treinta es la aparición en el tablero catalán de una fuerza de reminiscencias proletarias. Esta fuerza nueva es muy agresiva y muy amiga de la acción directa. Están dispuestos a la violencia con tal de destruir la unidad de España y el propio sistema capitalista. La agresividad de esta fuerza es tal que ha polarizado el debate catalán arrastrando a sus posturas extremistas a Esquerra Republicana primero y a la burguesía catalana después. Es la nueva CNT y se llaman la CUP.

Finalmente, el PSOE, el partido mayoritario histórico, se debate en una potente crisis histórica y ha perdido evidentemente la capacidad de liderar el proceso, tal y como le ocurrió desde el inicio de la guerra. Un partido reformista poco tiene que ofrecer cuando la alternativa supone tomar partido entre la conservación del orden y la sustitución violenta del mismo. En ese terreno, simplemente no hay espacio para la reformas. Y así, sus dirigentes (en tanto en cuanto no se solvente la crisis de Estado) se dividirán entre quienes apoyen las políticas de derechas y quienes se vean arrastrados por los neocomunistas (como ya les ocurrió en los años treinta, acabando de satélites del viejo PCE exceptuando a Besteiro y otros dirigentes antiguos que serían hoy las figuras de González o Guerra). Ese mismo papel subsidiario y a remolque de los comunistas ya se ha comenzado a dar y la política dubitativa de Pedro Sánchez es muestra de ella.

 

¿Quién nos quiere llevar a la guerra y por qué?

Estas semanas diferentes personas cercanas me han dicho que tenían miedo de lo que pueda ocurrir y, efectivamente, lo cierto es que la ruptura del consenso no va a solventarse probablemente en mucho tiempo y por ello, la radicalización de la situación política española es un riesgo que vamos a vivir en los próximos años.

Lo que cualquier español debe comprender es que una nación, y más la nuestra, España, se fundamenta en un complejo equilibrio de fuerzas que se sostiene unido por la aceptación de unas normas comunes. Esas normas comunes son las leyes y más en concreto, la Constitución.

Hay que ser claros y coherentes: estar en contra del régimen constitucional de 1978 (sobre todo si no se asegura un nuevo marco de convivencia con más apoyos que el anterior) supone en la práctica romper ese equilibrio y abogar por el enfrentamiento entre españoles. Si no hay Constitución (y no la hay para Podemos y los separatistas), se abre obligatoriamente un  periodo de desequilibrio y tensiones que no puede arreglarse salvo con un enfrentamiento civil en el que una parte venza a la otra. Es decir, como ya dije yo desde el principio en otros artículos del blog, el objetivo último de Podemos es quebrar el orden constitucional para imponer su ideario comunista y eso, en la práctica, supone conducirnos a una nueva guerra civil. Tras la “sonrisa de un país” (cínico eslogan en las últimas elecciones) y la dialéctica cursi que gastan Iglesias y los suyos está la ambición, cada vez menos ocultada, de acabar con el régimen actual. Y como esto será imposible (pues una gran parte de los españoles de toda condición no lo consentirán sin oponerse con vigor, (empezando por el tejido empresarial y acabando por el pueblo llano, como hemos visto estos días), el apoyo a las tesis de Podemos supone, inevitablemente, iniciar el camino hacia la guerra civil. No es ninguna casualidad que los neocomunistas se estén aliando (de nuevo, casi cien años después) con las fuerzas separatistas. Su intención, ya evidente a todas luces, es volver a formar un Frente Popular. Falta saber si el PSOE de Sánchez secundará finalmente su fatídico empeño.

Ley o Revolución

Así pues, todas las personas bienintencionadas y pacíficas que les están votando, tienen que pensar hasta qué punto están dispuestas a seguir el acoso y derribo del consenso constitucional, hasta qué punto quieren quebrar la convivencia pacífica que hoy disfrutamos y hasta qué punto creen que merece la pena jugarse la vida propia y la de los demás por sus ideales (que han fracasado en todas partes donde se han puesto en práctica desde Rusia a Venezuela pasando por Cuba).

A esto se me podrá objetar que por qué han de aceptar los neocomunistas un consenso en el que las actuales clases favorecidas sigan siendo favorecidas y ellos sean los perjudicados. La respuesta en tan obvio como dura y simple: porque es ese el equilibrio actual y es el que nos mantiene en paz. Esa es la Ley que consensuamos entre todos. Ni más ni menos. El Estado y la sociedad se sostiene (y se sostiene bien como podemos ver en los niveles de bienestar que hemos alcanzado por encima de los de Cuba o Venezuela) gracias a este equilibrio existente. Al imperio de la Ley sostenido por medio de cuerpos de hombres armados para hacer cumplir las leyes. Lo contrario es el Oeste, la intimidación, el odio y la violencia, tal y como hemos visto estos días. Dinamitar los cimientos del edificio, ha de suponer, inevitablemente, que el edificio caiga. Y eso supone, también de forma inevitable, violencia. Y como los inquilinos actuales, que viven en paz, no lo van a permitir y además tienen de su lado las leyes y el aparato coercitivo del Estado, el enfrentamiento social está servido. Como bien sabe Iglesias, el que conduce el convoy, es imposible hacer una tortilla sin romper los huevos. Es imposible zarandear la sociedad sin que ejercer la violencia y quebrar las leyes. Es imposible que el Frente Popular venza salvo por el uso de la violencia, tal y como también se está demostrando en Barcelona estos días.

 

¿Qué lecciones debemos aprender del pasado? Barcelona como laboratorio.

Afortunadamente, la Barcelona y la Cataluña del 1 de octubre es un experimento, un enorme laboratorio que nos conduce al pasado del Frente Popular y al futuro de nuestra patria, porque en esencia, las fuerzas que contienden ahora mismo es Cataluña son las herederas de las que contendieron hace casi cien años

El pasado español nos enseña varias cosas. La primera, que a una guerra civil no se llega de la noche a la mañana. La historiografía comunista española ha idealizado falsariamente la República y ha retratado la guerra civil como la consecuencia de un golpe de Estado contra la población. Este relato es de un simplismo atroz y ha tenido como consecuencia que los españoles de hoy no sean capaces de discernir con claridad lo que supone entrar por la senda de la negación de la legalidad vigente. Cuando se niega la Ley, solo hay una alternativa: la Revolución. Y no existen revoluciones sin muertos ni enfrentamientos civiles. Eso mismo es lo que acabó ocurriendo en 1936. La reacción militar y social ante un proceso revolucionario que se había iniciado en 1930.

El golpe de 1936 y sus causas

Así mismo, las últimas investigaciones históricas que demuestran que la victoria electoral del Frente Popular fue un fraude (que nos recuerda a los episodios vividos en Barcelona este 1 de octubre de 2017 con las urnas que llegaban a los colegios ya llenas de papeletas) arrojan una luz y un enfoque distinto sobre lo ocurrido en 1936 y explican mejor que el relato comunista que nos enseñaron en el colegio por qué una gran parte de la población española apoyó la insurrección militar encabezada por Franco. No se engañen: sin ese apoyo popular el triunfo de Franco habría sido imposible. Y muchas de las personas que apoyaron (de forma activa o pasiva) el golpe de estado de 1936 no lo hicieron por que fueran más o menos militaristas o fascistas, sino porque comprendieron que España estaba en una situación anárquica. Baste recordar que entre febrero de 1936 y julio del mismo año había tres asesinatos políticos diarios. Lean por favor las memorias de personas tan poco «fascistas» como Orwell o José Luis Sampedro, cuando reflejan como se vivía esa revolución idílica en las calles. En una situación de inseguridad así, con la crispación general que esto supone y que ahora podemos ver en Barcelona como si fuera un laboratorio, ¿cuántos de nosotros hoy no desearíamos una vuelta al orden y al trabajo y a la paz social? ?¿cuántos no estarían temerosos de ver grupos de jóvenes armados  de la CUP irrumpiendo en los comercios? ¿No es acaso justamente la quiebra de la convivencia lo que más temen las personas normales de Barcelona a día de hoy?

¿Qué ocurrirá en el futuro?

Pero hay motivos para no caer en el desánimo y en el temor infundado. Hoy son muchísimas las diferencias que nos separan de aquellos meses aciagos.

El fundamental, la creación de una clase media que entonces no existía. La huida de depósitos de catalanes temerosos de la independencia y de la anarquía subsiguiente es una muestra de la fuerza que hoy tienen estas capas y de lo rápidamente que se desengañarían los propios separatistas al comenzar la violencia en serio con las CUP dominando las calles (y no les quepa duda de que empezaría como ya se ha empezado a ver). Si en los años treinta, una gran masa de campesinos y de obreros pudieron ser objeto de la propaganda comunista fue debido a sus paupérrimas condiciones de vida. El odio y la violencia surgen, inevitablemente en la pobreza. Eso no quiere decir que no puedan surgir en la riqueza, pero en la pobreza son efecto seguro. En una situación económica como la actual, el techo de los comunistas es el 10% de la población. Tiene algo más por el tremendo apoyo mediático de la Sexta y su grupo, pero nunca llegarán al 20%. Y ni con un 30%  se puede hacer triunfar una revolución si el otro 70% se organiza mínimamente,

En segundo lugar, la ausencia de armas en el bando del nuevo Frente Popular. La población entonces tenía armas de la Revolución de 1934 y hoy no. Yo no descarto que la Generalidad haya comprado en el mercado negro en los últimos veinte años fusiles y otras armas ligeras (de hecho sabemos que lo ha intentado), pero en una guerra convencional contra un Ejército profesional el enfrentamiento actual sería rápido. La capacidad de corromper el Ejército al estilo venezolano en España es casi imposible.

En tercer lugar, el Ejército español es profesional y eso dificulta enormemente la infiltración de elementos comunistas en sus estructuras. Hoy la división del Ejército ante una eventualidad así es casi imposible.

En cuarto lugar, la fuerte presencia de una inmigración de origen hispano en España como muy bien saben los separatistas vascos y catalanas. Precisamente esta es la razón por la que los separatistas han impulsado una inmigración de musulmanes en Cataluña. Las masas latinoamericanas de Ecuador o Colombia han venido aquí justo a vivir en paz y a alcanzar unas cotas de bienestar que no tienen en sus países de origen. Están agradecidos a España y defienden nuestro idioma. Pocos de estos emigrantes apoyarán las ideas del nuevo Frente Popular. Solo el hundimiento de la economía nacional podría alterar esto.

Y el quinto y definitivo: la integración europea. Hoy un proceso revolucionario en España sería contestado sin contemplaciones por Francia y Alemania. Mientras la UE esté en pie, este proceso es muy difícil.

Dicho de otro modo, para que Pablo Iglesias y los suyos puedan arrastrarnos a una guerra civil se necesita que la economía española se hunda y que la Unión Europea se rompa. Si esas dos circunstancias se dieran, entonces, todos los que votan a los neocomunistas Podemos se dividirían en dos grupos: los que comenzarían a ejercer la violencia callejera e institucional y los que asistirían estupefactos y luego asqueados (creyéndose inocentes) a sus actos. Y, entonces sí, de ahí a una nueva guerra civil no habría más que un paso.

Ahí es donde nos quieren conducir Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y la CUP. Que nadie se lleve a engaño, por favor.

La culpa de que no haya reválidas es de Franco

Ministerio de Educación, Madrid

En un artículo anterior, analizaba por qué el pacto educativo ha sido muy difícil en los últimos cuarenta años. Decía que había cinco sectores con poder social que situaban sus intereses como grupos por encima del interés social y del de los estudiantes. Esos cinco grupos son profesores universitarios, los partidos separatistas, los sindicatos y partidos de izquierda, la Iglesia y los centros concertados y los profesores de secundaria y maestros. Hoy quiero tratar las ampollas concretas que levantan las reválidas. ¿Por qué han sido  y son las reválidas la línea del frente de esta guerra educativa?

¿Qué son y a qué llamamos reválidas?

Las reválidas son exámenes que dan lugar a la obtención del título académico correspondiente. En Europa existen las reválidas en bachillerato en todos los países excepto en tres: Suecia, Turquía y España. Estos exámenes garantizan que los aprendizajes de todos los alumnos del país son similares pues las pruebas son organizadas estatalmente.

¿Por qué son buenas las reválidas o exámenes externos?

Aportemos el sentido común. Cuando contratamos un hotel o pensamos ir a un restaurante o hacemos cualquier compra, ¿acaso no acudimos a evaluaciones externas?, ¿o bien nos fiamos de la propia propaganda del local en cuestión sin obtener otras fuentes de información? Dicho de otra manera, ¿por qué existe la Guía Michelín o por qué seguimos los comentarios del Trip Advisor, el Airbnb o Booking? Pues porque son evaluaciones externas, reválidas. ¿Por qué pedimos auditorías en las cuentas de partidos y empresas? Pues porque son evaluaciones externas. ¿O es que a alguien le parece serio que un restaurante se posicione según su propia valoración en la Guía Michelín o un hotel se haga sus propios comentarios en Booking?

Las evaluaciones externas son una garantía de calidad.

Si los títulos dependen de los profesores de cada instituto, todos van a tender a dar por bueno lo que sea, pues si suspenden mucho, su propio trabajo será cuestionado. Es igual que si un cocinero pusiera en la puerta de su local. Aquí, el 50% de los platos están por debajo del 5. ¿Quién va a hacer eso?

¿Pero es que acaso quien paga el sistema educativo, la sociedad, no tiene derecho a evaluarlo?

Obviamente, sí. Es una cuestión de pura lógica y sentido común. Es la forma, además, de garantizar que el trabajo de profesores, alumnos y demás implicados en el sistema es correcto y que el dinero que se invierte en educación y se paga a los profesores está bien invertido. Los profesores universitarios se quejan de que los alumnos de los institutos están mal preparadores y echan la culpa a los de secundaria, y éstos a los maestros… Todos queremos ir a un hospital y que médicos, enfermeros, auxiliares y celadores estén bien preparados y sean amables. Las empresas quieren contratar graduados en Económicas que sepan su trabajo. Esto en España no está garantizado.

Además, las reválidas sirven para que haya una garantía de igualdad de derechos en todos los institutos de España. Al pasar el mismo examen final, todos los profesores se ven forzados a dar los mismos niveles en los centros de los barrios más humildes y en los pudientes y no como ocurre ahora, cuando los sectores más humildes reciben una educación de segunda categoría porque los profesores “se adaptan al contexto”. Hoy, lo cierto, es que el nivel de los institutos es radicalmente distinto. Todo el mundo sabe que las notas de Bachillerato o 4º de ESO se ponen en función de las necesidades de los alumnos para obtener una nota alta que les garantice el acceso a la universidad y la permeabilidad del claustro de profesores a estas presiones. Muchos padres cambian a sus hijos de instituto para llevarlos a los más “benevolentes”. Todo esto acabaría con las reválidas.

Las reválidas se parecen al cuento del traje del emperador (¿recuerdan?: ese que hacen un traje de mentira a un emperador que solo pueden ver los capaces para su cargo) porque son la prueba que  nos van a decir si el emperador va desnudo o vestido realmente; es decir, si el sistema es bueno o malo.

Entonces si son tan buenas… ¿por qué nadie quiere las reválidas?

Pues la respuesta está en el inicio de esa artículo. Los grupos de presión social que dominan el sistema educativo no quieren este sistema de reválidas. Veremos por qué razones.

Los profesores universitarios, verdaderos amos del sistema (son gente ciertamente preocupada por la educación), no quieren reválidas porque son almas tan caritativas que quieren que todas las personas (pero todas, todas) puedan acceder a la Universidad. Es por humanidad. No tiene nada que ver que la instauración de las reválidas supone que el grifo de acceso a la universidad dejaría de estar controlado por ellos. La conferencia de rectores universitarios ha estado machacando al Gobierno hasta que ha conseguido que el examen de selectividad siguiera siendo como hasta ahora; es decir, puesto por las propias universidades y diferente en cada comunidad. ¿Por qué? Pues porque eso les garantiza que el 97% de los alumnos aprueba y por tanto, ellos obtienen las subvenciones que otorga el Estado por cada alumno y, por tanto, les garantiza sus cómodos y vitalicios puestos de trabajo a todos. Si con reválidas de ESO y Bachillerato, la tasa de aprobados bajase al 60% (algo perfectamente posible), la conclusión sería lógica: el 40% de los profesores tendría que ir a la calle. Será imposible que estas buenas gentes estén a favor de las reválidas si no se les garantiza que ellos controlarán el proceso de acceso a la universidad.

Los separatistas tampoco quieren las reválidas ya que han sido elegidos entre los mortales para velar por las esencias de sus patrias inventadas y de bolsillo. Las reválidas las pone el Estado (esa odiosa España, ¡qué asco!) y de esta forma los alumnos tendrían que aprender Historia y Geografía y Literatura y Lengua española forzosamente Y ellos no quieren que los alumnos aprendan la cultura española. Será imposible que estén a favor de las reválidas salvo que estas no sean españolas, sino catalanas o vascas.

Los sindicatos y muchos profesores y maestros son muy buenas personas y se hartan de pedir dinero (al que le llaman calidad) para  el sistema educativo. Pero no quieren reválidas ya que tienen tal confianza en el sistema y en su propia capacidad  como profesionales de la enseñanza que no quieren destacar y ser bien considerados socialmente. Además, bajo ningún concepto quieren segregar a los alumnos y generarles un trauma. ¡Pobres niños! (o mejor chavales, que es la terminología que a ellos les gusta).. Lo cierto y verdad es que las reválidas suponen un elemento de calidad en el sistema que a ellos les aterra. Si se empieza a evaluar externamente a los alumnos, automáticamente se sabrá que tal instituto tiene un 86% de aprobados y otro el 50%, con el consiguiente quebradero de cabeza para esos profesores y centros. Llegará la temida diferenciación… Es más, si eso ocurre en un instituto, bien pronto se sabría qué profesores concretos de este centro garantizan e imparten mejor docencia que sus compañeros. ¿Para qué diferenciarse si todos unidos e iguales somos invencibles? Esto fragmentaría la igualdad por lo bajo que siempre defienden los sindicatos y abriría la puerta a procesos de diferenciación entre los buenos profesores y los malos, cosa que a estos últimos y a los sindicatos les aterra. Solo habrá apoyo de estas personas (que son la mayoría del sistema) a las reválidas si estas no son externas y son los propios profesores quienes ponen las notas a sus alumnos.

Y finalmente, la Iglesia y la patronal de los concertados están en contra de las reválidas (y por ello no han alzado la voz cuando todos los demás se han puesto contra ellas) porque ellos han trucado las notas de sus alumnos de toda la vida. Y esto lo sabe en España cualquier persona que se dedique a la educación. La privada pone mejores notas que la pública. Siempre. Y los maestros de la privada saben muy bien lo que tienen que hacer para mantener su puesto de trabajo y ser bien considerados por su patrón. Cualquier mecanismo que haga que la nota privada pierda peso o desaparezca sustituida por la pública está en contra de sus intereses.

¿Y cómo se defiende todo este conglomerado de intereses inconfesables?

Pues sin confesarlos. Ninguno de estos sectores va a confesar abiertamente que está en contra de las reválidas porque ponen en peligro sus intereses. Y entonces aparecen las divinas palabras  que, como en la obra de Valle Inclán, paralizan a todo el mundo: Las reválidas son segregadoras, injustas y sobre todo, franquistas. ¿Y quién quiere ser franquista salvo para usar el sistema sanitario de la Seguridad Social que fundó el franquismo? Vaya, nos hemos quedado solos, me temo…

Y con esta palabra mágica en la boca, los cuarto sectores sociales se van a los medios de comunicación que controlan  y la repiten sin pudor. Mientras la Iglesia calla… y otorga. Pase que en programas chabacanos y sin ningún rigor como el Intermedio ese chiste cuele, pero es que también aparece esta información en todos los medios separatistas, El Mundo, El País o la Cadena Ser y hasta en la propia Televisión Española, supuestamente controlada por el Gobierno. Y el resultado de todo ello es que  la sociedad española, malinformada y desarmada, acepta que el emperador no va desnudo sino vestido. Las reválidas son franquistas. Punto y final.

Así pues, difícil lo va a tener este país nuestro de cada día para dejar de ser uno de los tres países europeos que no tienen reválidas. Y la culpa, ya lo sabemos, es de Franco.

Guía mínima para comprender a los demás

Es común que en el debate político se agreda, se insulte y se descalifique. Ello es comprensible porque todos tenemos vísceras, sangre y opiniones y muchas veces al exponerlas se nos olvida cuál es la finalidad verdadera del debate, que no puede ni debe ser otra que el encuentro de ideas para concordar lo que sea posible. Y eso no se consigue ni insultando, ni descalificando.
Hemos naufragado juntos y tenemos que vivir todos juntos en esta isla llamada España de forma obligatoria muchos años. Hagámoslo aplicando el sentido común. Hagámoslo en paz y concordia.
Llegan las elecciones, la investidura o cualquier otro acontecimiento político y leemos en Facebook a decenas de personas maldiciendo la victoria del PP e insultando a sus votantes como si fueran estúpidos o corruptos o encendemos una emisora y escuchamos a tertulianos ejecutando radiofónicamente a Pablo Iglesias. Ese no es el camino de la paz; ese es el camino que hace un siglo nos condujo a una guerra civil de la que pocos fueron culpables (en los dos bandos) y muchos víctimas (en los dos bandos).
La finalidad verdadera del debate democrático es alcanzar el pacto para caminar todos juntos. Y eso no puede hacerse desde la descalificación de quien piensa distinto de uno, sino intentando comprender las ideas de los demás. Creo que es muy importante cuando no estemos de acuerdo con alguien que pensemos que esa persona podría ser nuestro hijo y que con ese cariño le miremos y le escuchemos. Esto no solamente debe ser así por respeto, humanidad y bondad, sino que además es la única manera de alcanzar el nuevo pacto social. Nadie va a convencer a nadie después de haberle desautorizado, menospreciado e insultado. Así que lo inteligente y lo humano es escuchar a los demás valorando lo que dicen y explicando luego nuestros puntos de vista para intentar llegar a acuerdos.
Yo creo que hablo con personas de todos los signos políticos y soy capaz de comprender sus posiciones. Voy a intentar expresarlas intentando luego llegar al denominador común.
Comencemos por la derecha. Las personas que votan al PP no quieren que en España haya corrupción. Esta idea, a poco que la pensemos, nos daremos cuenta de que es absurda. ¿Cómo va a querer nadie la corrupción? Las personas que votan al PP creen que la corrupción es inherente a cualquier sociedad y muy singularmente a la española desde hace siglos. Y creen que habrá corrupción gobierne quien gobierne. Quieren que España sea un país próspero, unido, donde todos tengan su propio piso y su trabajo y que no haya un carné de identidad diferente y derechos diferentes en Cataluña, Galicia, Vasconia o Madrid.
Sigamos por Ciudadanos. Los votantes de Ciudadanos quieren también que España sea un país próspero, unido, donde todos tengan su propio piso y su trabajo y que no haya un carné de identidad diferente y derechos diferentes en Cataluña, Galicia, Vasconia o Madrid. Pero además quieren que se ataque radicalmente la corrupción política y económica y están convencidos de que acabar con esta lacra es posible y necesario.
Los votantes del PSOE también quieren que España sea un país próspero y unido donde todos tengan su piso y su trabajo pero comprenden que hay que admitir diferencias entre las distintas comunidades debido a su historia y a sus lenguas diferentes. Además quieren que se gaste más dinero en sanidad y educación garantizando el acceso universal a estos servicios sin observar si estas personas han cotizado más o menos (o no han cotizado nunca) a la caja común de la Seguridad Social.
Los votantes de Podemos no quieren que España se convierta en Venezuela, sino en un país próspero y unido de verdad y no por la fuerza, donde todos tengan su piso y su trabajo y admiten que las diferencias entre las distintas comunidades debido a su historia y a sus lenguas diferentes deben resolverse por medio de referéndums en las comunidades respectivas, porque eso les parece lo más democrático. Ponen lo que llaman “justicia social” por encima de todo y por eso quieren que se gaste más dinero en sanidad y educación garantizando una renta básica para todo el mundo sin observar si estas personas han cotizado más o menos a la Seguridad Social o no han cotizado nunca. Eso es lo que consideran justo. Creen que son las grandes fortunas quienes deben pagar el sobrecoste que estos gastos puedan producir porque eso les parece justo. Odian la corrupción y creen que la derecha está absolutamente corrupta por lo que debe ser desalojada del poder inmediatamente.
Los votantes del nacionalismo no quieren que España sea un país próspero y unido. Quieren irse del marco de convivencia común cuanto antes mejor y empleando los medios que les permitan hacerlo con la mayor facilidad y menor riesgo.
Creo que esta es la síntesis del mapa político español. A partir de aquí, las conclusiones. Y la mejor manera de llegar a acuerdos es viendo qué es lo que compartimos todos. En mi opinión, la mayoría de los españoles comparte las siguientes ideas:
1. La importancia de que el país prospere económicamente. Los españoles quieren en realidad cosas muy elementales y básicas. Una vivienda y un salario que garantice su acceso a los bienes de consumo (el coche, las vacaciones, el Smartphone e Internet) y el de su familia. La inmensa mayoría de los españoles desea adquirir productos y servicios más caros de los que hoy se puede permitir.
2. La unidad del país. A la mayoría de los españoles les gustaría que el país siguiera unido.
3. Hay que atajar la corrupción política y económica.
Esta es creo yo, el elemento que nos une a todos. A lo mejor, luego, cada cual, tiene sus propias ideas que pueden ir desde la prohibición del aborto hasta retirar las estatuas de Franco de las calles. Qué se yo… Pero para unir, si queremos unir, hay que partir del denominador común y no del divisionismo por el divisionismo. Tenemso que vivir todos juntos en la misma isla de forma obligatoria. Hagámoslo en paz, por favor.